Tp – Barone F.

El objetivo del ensayo será indagar sobre uno de los interrogantes clave de la inserción de las TIC en la educación: los cómo y los para qué de la inclusión de los modelos 1 a 1 en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, se analizarán dos proyectos implementados a nivel estatal en las escuelas medias nuestro país:  el programa para escuelas técnicas “Una computadora para cada alumno” (2009) y el programa “Conectar Igualdad” (2010).

Se parte de la idea que los ambos proyectos integran la lista de las políticas de “nuevo signo” que comienzan a implementarse desde la Ley de Educación Nacional en 2006, donde el Estado se autoconstituye como principal agente educador, diferenciándose de la posición adquirida durante la década de los noventa bajo los gobiernos neoliberales (al menos a nivel discursivo).

 La metodología a aplicar será análisis del discurso y el corpus estará conformado por los decretos, resoluciones del Consejo Federal de Educación y entrevistas realizadas a los responsables de llevar a cabo los proyectos, publicadas en diarios y  publicaciones oficiales.

 Algunas de las preguntas que orientarán el trabajo serán: ¿Cuál el rol del Estado en la formulación y aplicación de los proyectos? ¿A quién se le delega la responsabilidad de llevar a cabo los proyectos? ¿Cuáles son los objetivos y finalidades? ¿De qué forma se vehiculizará la implementación? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Hay ruptura o continuidades entre ambos planes? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias? ¿Cuál es la concepción socioeducativa de las TIC? ¿Qué rol social y cultural se les atribuye?, etc.

Posible bibliografía a utilizar

• Area, Moreira (2001) “La alfabetización en la cultura y tecnología digital. La tensión entre mercado y democracia”. En Area, M. (coord) Educar en la sociedad de la información. Bilbao: Descléede Brouwer. Pp. 81-102.

• Cuadernillo “Educación y Tecnologías. Las voces de los expertos” Editado en 2011 por la Gerencia del Programa Conectar Igualdad

• Dussel, Ines y Quevedo, Alberto (2010) Educación y nuevas tecnologías: los desafíospedagógicos ante el mundo digital. Buenos Aires: Santillana . Cap.1

• Feldfeber Myriam; Gluz Nora,  Las políticas educativas en Argentina: herencias de los ’90, contradicciones y tendencias de “Nuevo Signo” –

• Gros, Begoña (2004) “De cómo la tecnología no logra integrarse en la escuela a menosque…. cambie la escuela” Ponencia presentada en Jornadas Espiral, 2004.

• Levis, Diego (2007) “Enseñar y aprender con informática/ enseñar y aprender informática. Medios informáticos en la escuela argentina” en Cabello, R. y Levis D., edits. (2007) Medios Informáticos en la Educación a principios del siglo XXI Buenos Aires: Prometeo.

• Petrella, Ricardo  (2000): La enseñanza tomada de rehén. Cinco trampas para laEducación. En Revista Iberoamericana de Educación . Nº 36/3, 25 de junio 2005 (edición original en Le Monde Diplomatique)

• Schmucler, Héctor (1984) “La educación en la sociedad informatizada” en RodriguezG. La era teleinformática, Buenos Aires, ILET/Folios

Fuentes:

• Ley Federal de Educación (1993)

• Ley de Educación Nacional  (2006)

• Ley de Educación Técnico Profesional (2005)

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4 comentarios en “Tp – Barone F.

  1. Florencia: cómo va? Tengo presente tu “crisis” con el trabajo de Martina, y por eso sé que el avance era pequeño el miércoles, y que necesita desarrollo. Mi devolución y la de Luciana: https://tecnoeducativas.files.wordpress.com/2011/10/26-oct-florencia-b.pdf
    Te sugiero veas el “cuaderno de prácticos”.
    Material sobre políticas públicas hay mucho en el blog (ver IIPP que publiqué yo y otros)
    Leí tus mails y propuestas previas y me da la impresión de que si vinculas (y te acotas a) las “políticas públicas + Introducción de TIC en la educación + Modelos 1 a 1” en función del “para qué (y por qué)” y el “cómo” que propones en el avance.
    Apenas tengas la nueva versión publicala como comentario acá.
    Cualquier cosa no dejen de escribir.
    Beso
    Sol

    • Estado, Educación y TIC
      Un análisis de su relación en el Programa Conectar Igualdad

      Introducción
      ¿Porqué analizar una política pública? Se preguntan Oscar Ozslak y Guillermo O’ Donnell en los primeros párrafos de uno de sus trabajos . La respuesta es clara y, en su caso, nada arbitraria: para contribuir al conocimiento de los Estados latinoamericanos. En este sentido, se puede también considerar que el análisis de una política pública conlleva a explicitar no sólo la configuración y el rol que los Estados adquieren frente a las cuestiones socialmente problematizadas, sino también ahondar en las definiciones que se realizan de ellas y los actores y otros procesos que intervienen en su construcción.
      Las políticas públicas – consideradas como el conjunto de objetivos, decisiones, acciones (y omisiones) que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios- se pueden entender como un proceso (cíclico), que comprende las siguientes fases: Identificación y definición del problema / Formulación de las alternativas / Diseño y Adopción de una alternativa / Implantación de la alternativa seleccionada / Evaluación de los resultados obtenidos .
      El siguiente trabajo parte del análisis de una política pública federal, implementada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010: el Programa Conectar Igualdad.
      El mismo, que se encuentra actualmente en su segunda etapa de implementación, forma parte y está integrado al Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, cuyas finalidades se orientan hacia “la consolidación y promoción del acceso a la información y las comunicaciones” definiendo las infraestructuras, equipamientos y servicios en materia de telecomunicaciones para todo el territorio nacional.
      El programa Conectar Igualdad (de ahora en adelante CI) se presentó en abril de 2010 y es una iniciativa estatal que busca recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en toda la extensión de nuestro país . El mismo consiste en la entrega de una netbook a cada alumno, alumna y docente de educación media pública, educación especial e Institutos de Formación Docente, en la capacitación de los docentes en el uso de la herramienta y en la elaboración de propuestas educativas con el objeto de favorecer las relaciones didácticas.
      El siguiente trabajo pretende analizar el programa CI desde de los documentos que surgieron en la instancia final del diseño de la política pública. Es decir, lo pertinente para este trabajo no es prestar atención a cómo fue la articulación de actores y la toma de decisiones que dieron como resultado un compendio formal de orientaciones y posicionamientos, sino los documentos oficiales que condensan un conjunto de representaciones, valoraciones y definiciones del problema. Para ello, se tomará el Decreto 459/10 que crea el programa y la Resolución Nº 123/10 y su Anexo 1 “Las políticas de inclusión digital educativa” emitidos por el Consejo Federal de Educación. En estos documentos se explicita la posición del Estado frente a la cuestión, se define el problema, se mencionan los fundamentos, enfoques, objetivos y se manifiestan las líneas de acción.
      El programa CI es una iniciativa del Estado que pone a la escuela y a la educación como un espacio privilegiado de intervención. En él las TIC se presentan como “una herramienta fundamental para democratizar el acceso al conocimiento”. En este sentido, las preguntas – objetivo que movilizan la realización de este trabajo son las siguientes ¿Cuál es el rol del Estado en la educación?¿Cómo y para qué se decide implementar una política pública que incorpora las TIC en la educación?¿Qué importancia se le da uso de las TIC? ¿Qué concepción de educación subyace en esta política? A partir de todo esto, el análisis de la tríada Estado – Educación – TIC resulta necesaria ya que la indagación sobre la articulación que adquieren en este marco puede brindar algunas respuestas a estas preguntas.

      Desarrollo
      Para indagar la articulación que los elementos de triada adquieren en CI, se organizará el análisis a partir de los binomios Estado-Educación, TIC-Estado y TIC-Educación a fin de hacer una caracterización más puntual de sus relaciones.
      En el par Estado-Educación se analizará el rol que el Estado tuvo y tiene en la educación, su vinculación con los contextos socio-políticos y el concepto de educación que subyace de esa relación. En el par TIC-Estado se buscará identificar las responsabilidades, definiciones y valoraciones que se hacen de la inclusión de las TIC en términos de política de Estado. Por último, en el binomio Educación-TIC se intentará rastrear en un plano más concreto los cómo y los para qué de su inclusión en el aula.

      Estado – Educación
      Una relación socio-histórica y política por excelencia.
      El análisis de una política pública no puede estudiarse por fuera de su contexto. De la misma manera, toda política pública educativa no puede dejar de indagarse por fuera del Estado. ¿Por qué? Porque ambas esferas han adquirido distintas formas de acuerdo al contexto socio-político impactando significativamente no sólo en la configuración del Sistema Educativo Nacional sino también en la noción misma de educación.
      La concepción de Estado moderno como agente educador es propia de la Edad Moderna y se vincula con la conformación de los Estados Nacionales. En esta etapa, la educación en nuestro país tuvo un rol central para la integración política y el control social . Frente a la heterogeneidad de su población (inmigrantes y pueblos originarios) la educación se instaura con un fin homogeneizador para conformar ciudadanos (de elite, principalmente) que difundieran la cultura del progreso. Sin embargo, “el Estado no propondrá nunca que la educación deba estar exclusivamente a cargo de él. Lo que hará es reservarse la atribución de la regulación de los alcances y límites de la participación de las iglesias y los particulares” . El rol del Estado en la educación tendió a adquirir distintas formas, acompañando la racionalidad de los regímenes políticos de turno: rol subsidiario (en los estados liberales), complementando la educación donde los otros agentes (la iglesia y las familias) no bastaban; y un rol docente que predominó, principalmente, en los Estados de Bienestar, donde la educación comienza a considerarse como un derecho social, más que un derecho individual, y donde los Estados adquirieron un rol más activo en la definición de políticas sociales y educativas.
      El programa Conectar Igualdad es una política pública de un Estado que actualmente considera la educación como un bien público y como un derecho individual y social . Esta concepción dual del derecho a la educación, no es un dato menor, ya que en ella se manifiestan las tensiones históricas aún no saldadas de un Estado que concibe una educación más meritocrática y personal propia de la lógica privada, y un Estado que garantiza una concepción más universal, con igualdad de oportunidades y posibilidades para toda la población.
      La concepción meritocrática e individual de la educación está fuertemente vinculada a la racionalidad del Estado neoliberal de la década de los ’90, donde el mercado se convierte no sólo en el dinamizador de la economía sino del orden social. “La mercantilización del fenómeno educativo, la privatización de los servicios de educación o la introducción de la lógica de la gestión privada al sector público y el entrenamiento del sujeto para el puesto de trabajo, constituyen los ejes centrales de la propuesta neoliberal para la educación” . En este esquema, el Estado tiene un rol predominantemente subsidiario, garantizando la educación de quienes pueden “comprarla” en el mercado imponiendo la libertad de elección por sobre la igualdad de oportunidades educativas. Esta lógica neoliberal, donde se impone una visión del mundo donde todos son desiguales por naturaleza y donde el éxito es el resultado del esfuerzo propio de los individuos, acompaña la idea de un Estado mínimo , que en la educación tuvo su impronta, por ejemplo, con la descentralización de las responsabilidades de la educación media a las provincias, orientada por una lógica más fiscal que federal .
      Sin embargo, que la Ley 26.206 de Educación Nacional -sancionada en el 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner- haya incluido la concepción de educación como un bien público y como un derecho social, da la señal de un corrimiento al menos discursivo de la concepción propia de los noventa. Esta y otras políticas sociales y educativas implementadas a partir del año 2003 si bien se sancionaron de acuerdo a las urgencias del contexto social y político, tratando de saldar deudas históricas con cada sector educativo “se proponen -desde un discurso fundado en el derecho ciudadano- construir modelos más integrales de intervención, resultando significativo el cambio de rumbo en algunas de las políticas que se pueden reconocer como “de nuevo signo” basadas en un rol más activo del Estado en la garantía del derecho a la educación, en la promoción de la unidad del sistema educativo nacional y en el diseño de políticas inclusivas y más igualitarias fundadas en principios universales”
      El programa Conectar Igualdad es una política inscripta en este marco socio-político que se implementó, como se dijo en un principio, para recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, y principalmente, como herramienta para la inclusión educativa y social.

      TIC- Estado
      Las TIC como política estatal
      El Estado argentino viene implementando las TIC en la educación media desde la década de los ‘80 a partir de diferentes métodos y estrategias. La inclusión del Modelo Un alumno Una Computadora (1 a 1) es una cuestión que comenzó a problematizarse mundialmente a partir de la década del 2000, cuando Nicholas Negroponte, miembro del Laboratorio de Medios del Massachusetts Institute of Technology (MIT), presenta el proyecto One Laptop Per Child (OLPC) en el Foro Mundial de Davos en 2005 . Esta propuesta fue presentada en varios países del mundo, incluso el nuestro.
      En 2010, teniendo ya como antecedente el programa “Una computadora para cada alumno” destinado a las escuelas técnicas medias y publicas de gestión estatal, se lanza el proyecto CI mediante un decreto presidencial, el 459 de 2010.
      Según manifiesta este decreto y su anexo 1, dicho programa se presenta como una “política de Estado”, donde el Estado Nacional tiene la responsabilidad de “garantizar equidad en el acceso de las TIC tanto para favorecer la circulación y producción de conocimiento como la inclusión social, cultural y educativa”. Cabe mencionar, que la inclusión de las TIC en la educación se configuró como cuestión de Estado a partir de la LEN de 2006, explicitando en el Artículo 100 que “el PEN a través del Ministerio de Educación, fijará la política y desarrollará opciones educativas basadas en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación y de los medios masivos de comunicación social”. Esta ley resalta además la garantía del acceso de “todos y todas” a la información y al conocimiento, considerándolo como “instrumento central de la participación en un proceso de crecimiento económico y justicia social” .
      El proyecto, se presenta como una alternativa y como una respuesta del Estado a las profundas transformaciones que ha generado el desarrollo de las TIC, caracterizando el contexto con “las posibilidades de acceder de modo masivo al conocimiento producido por la humanidad (…) y con la capacidad de usar esa información para producir nuevos saberes”.
      La educación es entendida como un “derecho humano fundamental” que los Estados tienen la obligación de promover con el fin de “asegurar la igualdad de oportunidades para toda la población”.
      La presencia de las TIC las considera necesarias en tanto permite la “democratización del acceso al conocimiento” y brinda a los “ciudadanos” la posibilidad de desarrollar competencias críticas, reflexivas, creativas y responsables sobre la abundancia de datos para “aplicarlos a diversos contextos y entornos de aprendizaje, así como para construir conocimiento relevante en base de ellos”. Cabe destacar que además las vincula con la “exigencia de nuevos saberes, la respuesta a ciertas demandas del mundo del trabajo y la necesidad de comprender y participar en una realidad mediatizada”.
      La mención del Programa como una “cuestión de estado” se manifiesta por el despliegue de recursos y ministerios. En el programa participa Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios. Este último es el promotor que del “Plan Estratégico Argentina Conectada”, plan que integra al CI y que pone a la tecnología y a las telecomunicaciones como protagonistas de las políticas que apuntan a reducir la brecha digital. Respecto al CI, el Ministerio de Planificación es encargado del “piso tecnológico” es decir, de la conectividad a internet de las netbook.
      El Ministerio de Educación es el responsable del diseño e implementación de la estrategia educativa, la Jefatura de Gabinete de definir la política de seguridad física y lógica de redes y equipos y la ANSES de adquirir y financiar el equipamiento. A partir de esto, cabe preguntarse cuál es la proyección en el tiempo como una política a largo plazo que puede tener el programa CI en tanto su origen surge de un decreto del PEN y no como ley del Congreso Nacional y su financiamiento sale de la ANSES y no de una partida del Presupuesto Nacional.
      El programa se presenta en tanto garante de la “equidad” e “inclusión” no sólo educativa sino cultural y social. Esto manifiesta la dimensión política de la propuesta, ya que su impacto se inscribe más allá del mejoramiento de la calidad de la enseñanza y las trayectorias educativas de los alumnos.
      El “ámbito escolar” es para el Estado el espacio privilegiado para “la intervención sobre fenómenos complejos necesarios para el acceso al conocimiento, la convivencia democrática y el cambio social” Sería interesante indagar en otro trabajo a qué llaman “cambio social” siendo el Estado por definición una relación social de dominación que produce e impone mediante la escuela (aparato ideológico por excelencia) categorías de pensamiento y marcos de interpretación.
      Es evidente el rol activo del estado en el programa CI en tanto proyecto surgido del PEN y recursos que moviliza, pero principalmente, por la responsabilidad que le asigna en tanto proyecto educativo con “gran impacto” en el ámbito social y cultural. En este punto valdría la pena preguntarse si el ingreso de las TIC en la educación trae aparejado determinantemente una inclusión social y cultural.

      Educación – TIC
      Hacia una concepción socioeducativa Integradora e instrumental

      Con el punto anterior quedo explicitada la postura del Estado respecto al modelo 1 a 1, el porqué de su necesidad de implementar una política pública donde incluya las TIC en el ámbito educativo. Las preguntas que cabe en este apartado son las siguientes: ¿Cómo y de qué manera se piensa integrar las netbook en la educación? ¿Qué concepción socioeducativa predomina discursivamente en la inclusión del modelo 1 a 1?
      En el Anexo 1 pone de manifiesto que las TIC ingresan en las instituciones con el objetivo de “actualizar los soportes y recursos pedagógicos y democratizar el acceso a la información y el conocimiento”. Además considera que la integración de las TIC implica necesariamente “repensar la configuración institucional como las prácticas que de ella derivan”. En este punto, se plantea abordar el uso de las TIC desde una perspectiva de “innovación pedagógica” que permita la exploración por parte de los docentes (mediadores en la circulación de información y en el proceso de producción de conocimiento) de nuevas estrategias que produzcan cambios en las prácticas orientadas hacia “una mejor apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes, que aporten al desarrollo de nuevas capacidades y que permitan posicionarse a la altura de los requerimientos sociales, laborales, ciudadanos, etc.”
      Según el Anexo, para que la utilización de las TIC se convierta en una oportunidad de “inclusión” tiene que ser “significativa” para quienes participen en la experiencia escolar. Es decir, la estrategia pedagógica que plantea CI se despega de la utilización de las TIC desde una concepción instrumental (aunque no la descarta en las etapas iniciales) y promueve un uso que no se agote en un “fin en sí mismo”. El uso de las computadoras en la escuela deberá ser considerado como un “insumo” a integrarse en cualquier propuesta pedagógica desde un enfoque “transversal” de uso cotidiano y una “perspectiva multidimensional”, es decir, “que contemple sus potencialidades para la actualización curricular, la construcción de conocimiento y la apropiación de diversos lenguajes de expresión”.
      Si partimos de las concepciones socioeducativas esbozadas por Levis , la inclusión de la Netbook en la educación está más vinculada a un uso instrumental y a un uso integrador-educacional. El primero en tanto uso de la herramienta que permite mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje y el segundo en tanto considera la necesidad de “innovar” los procesos de enseñanza aprendizaje y metodologías mediante el uso de la herramienta que permite la creación y manejo de nuevos lenguajes, resignificando los roles del estudiante (más autónomo) y el docente (mediador del proceso).

      Conclusión
      El Estado-Las TIC-La Educación: ¿Qué Estado, qué política para Qué Educación?
      En la primera parte se analizó el rol del Estado en la educación, con una breve caracterización histórica con el fin de situar al lector en el contexto de relaciones dado que la forma que adquiere ese binomio tiende a variar según los regímenes políticos de turno. Cabe destacar en este punto cómo se puede discernir la concepción de educación que subyace en cada etapa, enfocándose en las políticas implementadas en materia de educación.
      El programa Conectar Igualdad es una política de un Estado que -con la sanción de la LEN en 2006 (y otras políticas)- comienza a despegarse de la concepción neoliberal de educación y declara al derecho a la educación como un derecho social. Correlativamente, al programa lo inscribe dentro de un proyecto político que excede, en cuanto impacto, al campo educativo: para CI “la inclusión digital” conlleva a una inclusión social y cultural, asimilando de alguna forma el “acceso” al uso de una tecnología con problemáticas de otras dimensiones, ya sean económicas, culturales y sociales. Es en este punto donde se puede observar cierto acercamiento a las tendencias que proclaman los llamados “deterministas tecnológicos” que consideran que la presencia de tecnología por sí misma provocará mejora e innovación.
      Se cree que la importancia que se le brinda a las TIC es consecuencia directa de la serie de políticas que está implementando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en materia de tecnología, sin más, basta con mencionar la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En este punto no es contradictorio que una política educativa (social y cultural) como la CI promueva el acceso y desarrollo de conocimientos tanto para desempeñarse como ciudadanos críticos y reflexivos como para desempeñarse como trabajadores competentes.
      Respecto al último binomio analizado, si bien reduce el enfoque a la propuesta didáctica de utilización de las TIC en el aula y fuera de ella, mucho nos dice de las transformaciones que se esperan en el plano pedagógico. Al respecto, es necesario preguntarse hasta dónde pueden ser posibles las “innovaciones pedagógicas” que propone si la escuela y los actores vinculados a ella se piensan en los mismos términos de la escuela tradicional. Según Levis “sin nuevos reglamentos, lo que queda por fuera de eso es negocio, es humo” .
      Bibliografía
      Área Moreira, Manuel (2011): “Los efectos del modelo 1:1 en el cambio educativo en las escuelas. Evidencias y desafíos para las políticas iberoamericanas” en Revista Iberoamericana de Educación. N.º 56 (2011), pp. 49-74
      Feldfber Miriam, “Algunos dilemas y problemas que enfrenta la policía educativa actual (y que las leyes por sí sola no podrán resolver)
      Feldfeber, Miriam “Las políticas educativas en Argentina: herencias de los ’90, contradicciones y tendencias de “nuevo signo”.

      Levis, Diego (2007) “Enseñar y aprender con informática/ enseñar y aprender informática. Medios informáticos en la escuela argentina” en Cabello, R. y Levis D., edits. (2007) Medios Informáticos en la Educación a principios del siglo XXI Buenos Aires: Prometeo.
      Novik de Senén Gonzáles, Silvia “Políticas, Leyes y Educación: entre la regulación y los desafíos de la macro y micro política” en “Pensar en lo público” Roxana Perezza Comp.

      Ozslak, Oscar; O’ Donell, Guillermo, Estado y Políticas Estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación, 1976
      Tamayo Sáenz, Manuel: “El análisis de las políticas publicas” en: Bañón, Rafael y Carrillo, Ernesto (comp.) La nueva Administración Pública, Alianza Universidad, Madrid, 1997

      Puelles Benitez, M. de (1993), “Estado y educación en las sociedades europeas”. En Revista Iberoamericana de Educación, Nº 1, OEI, Madrid, enero-abril 1993. Pág.8.

      Fuentes

      http://www.argentinaconectada.gob.ar
      http://www.conectarigualdad.gob.ar/
      Ley de Educación Nacional N° 26.206
      Resolución Nº 123/10 y su Anexo 1 “Las políticas de inclusión digital educativa”

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